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Seguros Agrarios

La idea del el estado de la cuestión de la cobertura agraria en el marco de dos realidades netamente diferenciadas: el sistema unificado vigente en España desde el año 1978 y los esfuerzos dispersos que conforman la actualidad de la situación en la República Argentina. Entendemos que tal ejercicio podría ser interesante a los fines de arribar a algunas conclusiones útiles al momento de decidir -adelantamos: desde la política estatal y con el compromiso conjunto de todos los operadores privados involucrados en el mercado- el impulso al desarrollo de estas coberturas.

La ley vigente respecto a los seguros agrarios en España data de 1978. Desde el siglo XIX- el mercado asegurador agrario español evidenciaba una reconocible alternancia entre diversas fórmulas de aseguramiento privadas – a través de entidades mercantiles y mutuales- y de carácter público, que normalmente tenían por objeto una cobertura limitada a los riesgos de pedrisco (granizo) e incendio -en el ámbito de la agricultura-, y de accidentes de animales -en el de la ganadería-. Frecuentemente, la insuficiencia de tales coberturas obligaba a la Administración Estatal a la puesta en marcha de ayudas extraordinarias, tras la ocurrencia de siniestros importantes; no obstante tales medidas expresaban, una y otra vez, la insoslayable ineficacia ínsita en su propia naturaleza paliativa. Con la promulgación de la Ley 87/1978 -aprobada por consenso entre las fuerzas políticas parlamentarias, organizaciones agrarias y entidades aseguradoras- comenzaron a entenderse los seguros agrarios como el instrumento básico para la gestión integral de los riesgos naturales.
El marco normativo, originado en la citada norma, se complementa con:
a) el Real Decreto 2329/1979 (reglamentario),
b) otras Leyes Generales relacionadas con los seguros privados y
c) la aprobación por el Gobierno de Planes Anuales a propuesta de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), – organismo coordinador de la actividad, adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)-.

El modelo responde, en su conjunto, a un esquema complejo de aseguramiento mixto público-privado, que tiene por objeto contribuir a la estabilidad de las rentas de las explotaciones agrarias mediante su protección frente a todas las adversidades climáticas y riesgos naturales; así diseñado, este seguro multirriesgo ha hecho frente durante el periodo quinquenal comprendido entre 2001 y 2005 a 400.000 siniestros.

Aún cuando el sistema es de gestión privada, el costo de las primas emitidas se halla subvencionado por la Administración Estatal con aportes promedio que oscilan entre el 40% y el 60% del total, según las líneas (ramas); ayuda económica estatal que, para el año 2007 y según publicación del B.O.E., se ha fijado en 264 millones de euros, evidenciando un incremento del diez por ciento respecto al año anterior.

Parece importante destacar aquí que, para acceder a una subvención, el estado exige al productor solicitante, el aseguramiento íntegro de la explotación a su cargo.

El ente de gestión del sistema es AGROSEGURO S.A. -Agrupación española de los seguros agrícolas combinados- y está integrado por todos los aseguradores españoles y extranjeros, con presencia en el mercado específico. Ante la ocurrencia de un siniestro, el proceso de liquidación (peritaje y tasación) se realiza sobre muestras testigo, con la intervención de profesionales independientes -que determinan la producción real esperada, la producción real final y los daños en cantidad y calidad- y con la posibilidad de intervención del propio damnificado en una segunda instancia (tasación contradictoria). Si, aún luego de esta segunda etapa, persisten puntos en conflicto se procede a una tasación en tercería que, incluso, puede incluir la designación del tercer perito en sede judicial.

Respecto de aquellos conflictos, entre beneficiario y asegurador, que no deriven de diferencias de tasación y/o que involucren explotaciones con valor inferior a los 120.000 euros, AGROSEGURO SA prevé una doble instancia de reclamación, estrictamente regulada. La existencia de tal doble instancia no excluye la posibilidad de instauración en sede administrativa y/o judicial de la pretensión del asegurado; pero las vías de reclamación no resultan acumulables: una vez hecha la opción por el reclamo administrativo y/o judicial, se bloquea la posibilidad de reclamo ante el ente de gestión.

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